Una Decisión que Genera Preocupación
El viernes 10 de mayo, una noticia inquietante sacudió el ámbito de la atención a personas con discapacidad: se filtró una resolución que propone la desregulación del nomenclador nacional de prestaciones básicas para este sector. ¿Qué implica esto? ¿Por qué es tan preocupante? Vamos a analizarlo en detalle.
El Nomenclador Nacional Actual
Hoy en día, existe un nomenclador nacional que establece las prestaciones y servicios en discapacidad, junto con sus correspondientes aranceles. Este nomenclador se actualiza a través de reuniones del Directorio de Prestaciones Básicas, integrado mayoritariamente por representantes gubernamentales y en menor medida por representantes de organizaciones prestadoras. Sin embargo, en la práctica, los aumentos suelen ser fijados unilateralmente por el gobierno/administración vigente y los funcionarios en turno.
El Cambio Propuesto
La filtración de la resolución proyecta la eliminación del nomenclador único, reemplazándolo por distintos aranceles para entidades como PAMI, Incluir Salud y otros de la Superintendencia de Servicios de Salud. Esto significa que cada entidad tendría su propio valor de prestaciones, lo que podría resultar en categorías injustas según la afiliación de la persona, generando un desequilibrio en la calidad y acceso a los servicios.
Riesgos y Amenazas
El hecho de que distintas entidades establezcan sus propios valores de prestaciones plantea varios riesgos. Por un lado, se corre el riesgo de que las Obras Sociales Nacionales y prepagas vean aumentadas sus tarifas de manera arbitraria. Por otro lado, existe la posibilidad de que las prestaciones educativas sean excluidas, alegando que no pertenecen al ámbito de la salud. Esto incluiría servicios como Educación Especial, Inclusión Educativa, Centros Educativos Terapéuticos, Centros de Día y transporte.
Impacto en el Sistema de Salud
La posible aprobación de esta resolución no solo afectaría a las instituciones y prestadores independientes, sino que también tendría un impacto directo en la calidad de las prestaciones para las personas con discapacidad. La desregulación del nomenclador desarmaría el sistema existente y permitiría que cada financiador ajuste los valores a su conveniencia, lo que podría llevar a una disminución en la calidad y acceso a los servicios.
Llamado a la Acción
Ante esta situación alarmante, hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional y a sus funcionarios para que, de ser cierta la información filtrada, den de baja esta resolución de manera inmediata. No podemos permitir que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad ni que se desfinancie aún más el sector. Esperamos una respuesta favorable y la negación contundente de este documento, en aras de garantizar la equidad y calidad en la atención a las personas con discapacidad.
Conclusión
La desregulación del nomenclador de discapacidad es una medida que amenaza con socavar los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad en Argentina. Es fundamental que se tomen acciones inmediatas para revertir esta situación y garantizar que todas las personas tengan acceso a los servicios y prestaciones que necesitan para vivir con dignidad y plenitud.
