Si pensabas que la causa Vialidad había terminado con la condena penal a Cristina Fernández de Kirchner, te equivocabas. La expresidenta de la Nación acaba de recibir un nuevo revés judicial: la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó su intento de cerrar la demanda civil que el Estado le inició por daños y perjuicios derivados de la corrupción en la obra pública durante su gestión. Esta acción judicial busca recuperar la escandalosa cifra de $22.500 millones, una suma que, si se calcula a valores de 2018, supera los 1.100 millones de dólares.
Este fallo marca un hito jurídico: la Justicia determinó que la responsabilidad penal no exime a los funcionarios de afrontar también consecuencias civiles. En este artículo te explicamos en profundidad qué implica esta decisión, por qué la demanda sigue en pie y cómo puede afectar a otros involucrados en casos similares.
¿Por qué Cristina Kirchner quiso cerrar el juicio civil?
Cristina Kirchner, condenada en la causa penal conocida como Causa Vialidad, presentó un recurso para intentar archivar el juicio civil. Su defensa argumentó que la cuestión ya había sido resuelta en la vía penal y que, por lo tanto, no correspondía avanzar con una acción económica paralela.
Sin embargo, la Justicia fue tajante: la condena penal no impide el desarrollo de un juicio civil por daños patrimoniales al Estado. Es más, los jueces destacaron que si existieron perjuicios económicos comprobables, estos deben ser reparados financieramente.
Esto representa un golpe procesal directo, no solo para Cristina, sino también para exfuncionarios de su gestión que están alcanzados por la misma demanda civil.
¿De qué se trata exactamente la causa civil por $22.500 millones?
El expediente tiene su origen en el año 2018, cuando Vialidad Nacional, bajo el gobierno de Mauricio Macri, inició una demanda civil con el objetivo de recuperar el dinero desviado en contratos irregulares de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
La causa penal ya había expuesto cómo el empresario Lázaro Báez, íntimamente ligado a Cristina Kirchner, recibió el 80% de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz. Ahora, la Justicia va un paso más allá y reclama que los funcionarios responsables respondan también por los daños económicos causados al erario público.
El monto total de la demanda equivale a $22.500 millones, lo que al tipo de cambio oficial de 2018 representaba más de 1.100 millones de dólares. Es una de las acciones civiles más grandes que el Estado argentino haya iniciado contra una expresidenta en ejercicio de sus funciones.
El fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal: qué dice y por qué importa
El reciente fallo de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó el planteo de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y ratificó que el juicio debe seguir su curso.
En términos jurídicos, el tribunal sostuvo que “la existencia de una sentencia penal condenatoria no agota la responsabilidad civil” y que “la reparación del daño causado al Estado debe tramitar en forma autónoma”.
Este fallo se apoya en principios consagrados en el derecho argentino: mientras la sentencia penal establece la existencia de un delito, la demanda civil busca resarcir el daño concreto causado, que en este caso es económico.
Por lo tanto, incluso si Cristina terminara cumpliendo su condena penal, no quedaría eximida de enfrentar una sentencia que le ordene pagar miles de millones al Estado.
¿Quiénes más están alcanzados por esta causa?
Aunque el foco mediático está puesto en Cristina, la causa civil involucra también a otros exfuncionarios clave de su gobierno, como:
- Julio De Vido, exministro de Planificación Federal
- José López, exsecretario de Obras Públicas
- Nelson Periotti, extitular de Vialidad Nacional
- Lázaro Báez, empresario beneficiado con los contratos
Todos ellos enfrentan pedidos de reparación económica por haber participado en el entramado de corrupción que permitió la asignación direccionada, sobrefacturación y falta de control en la ejecución de obras viales.
Esto significa que la Justicia no solo apunta a penas privativas de libertad, sino también a la recuperación efectiva del dinero público perdido.
El contexto político y judicial de Cristina Kirchner
Actualmente, Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria tras haber sido condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad. Si bien aún conserva fueros por su cargo como senadora hasta 2023, ya no goza del blindaje político que tuvo durante años.
Con este nuevo revés judicial, su situación se complica aún más, ya que además de las causas penales en curso (Hotesur, Los Sauces, Memorándum con Irán, entre otras), deberá enfrentar un proceso civil que puede derivar en un fallo millonario.
El dato clave es que una condena civil habilita al Estado a ejecutar bienes personales para cobrar la suma reclamada. Esto podría incluir embargos sobre propiedades, cuentas bancarias, inversiones y otros activos, si así lo dispone el fallo final.
¿Puede esta causa civil marcar un precedente judicial en la Argentina?
La respuesta es sí, y no es menor. Si el juicio civil prospera y la Justicia logra una condena con sentencia firme que obligue a Cristina Kirchner y a sus exfuncionarios a devolver los fondos malversados, se sentará un precedente sin igual en la historia argentina.
Hasta ahora, muchos procesos de corrupción terminaban con condenas simbólicas o con penas de prisión sin reparación económica al Estado. Pero este caso plantea algo diferente: que los responsables también paguen con su patrimonio personal el daño causado al país.
Esto no solo tiene implicancias legales, sino también políticas y éticas. Implicaría un giro en la lógica de la impunidad y podría transformar la manera en que se encaran los juicios por corrupción en el futuro.
¿Qué puede pasar ahora?
A partir del fallo de la Cámara, el juicio civil continuará en su curso habitual. Se abrirá una etapa probatoria donde el Estado deberá demostrar el daño económico sufrido y cuantificarlo con peritajes contables.
Los abogados de Cristina y del resto de los demandados intentarán desestimar las pruebas o demostrar que no existió perjuicio directo atribuible a sus decisiones. Pero el peso de una condena penal ya firme complica seriamente esa estrategia.
Si el tribunal civil considera probado el daño, dictará sentencia obligando a los acusados a indemnizar al Estado por el monto total o parcial reclamado. Y eso podría derivar en ejecuciones judiciales, embargos, remates y otras medidas patrimoniales.
Una causa que no se apaga: la batalla judicial continúa
Este nuevo episodio en la extensa saga judicial de Cristina Kirchner demuestra que la Justicia sigue activa incluso frente a figuras políticas de alto poder. El intento de archivar la causa civil fracasó, y ahora se abre una etapa de mayor visibilidad sobre el reclamo económico más grande que se le haya hecho a una expresidenta argentina.
Mientras tanto, el país observa cómo la Justicia pone a prueba sus límites, su independencia y su capacidad de hacer cumplir la ley más allá del poder político.
¿Creés que Cristina y sus exfuncionarios deberían devolver el dinero al Estado si se comprueba el perjuicio económico? Opiná en los comentarios y compartí esta nota para que se escuche tu voz.
