En un movimiento inesperado, el economista y político Javier Milei ha concedido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, atribuciones para avanzar con la reforma del Código Procesal Penal a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 188/2024.
Esta decisión otorga al ministro de Justicia un poder considerable en un área que anteriormente estaba bajo la jurisdicción del Congreso de la Nación. La reforma del Código Procesal Penal es un tema de gran relevancia y sensibilidad en el ámbito jurídico y político, y su avance mediante un DNU ha generado diversas reacciones y debates en la sociedad argentina.
La medida plantea interrogantes sobre los límites del poder ejecutivo y la separación de poderes en el sistema político argentino, así como sobre la necesidad de un amplio consenso político y social en torno a reformas de esta magnitud.
