Lo que el Municipio de Lanús presenta como una recuperación de espacio público es denunciado por la comunidad educativa de la EEST N.º 5 como un avance ilegal sobre terrenos escolares.
El equipo de Somos Intensos accedió a documentación exclusiva y testimonios que confirman un historial de inseguridad y desatención oficial.
Por: Somos Intensos Fecha: 1 de febrero de 2026
Bajo la narrativa del “pulmón verde” y la sustentabilidad, el proyecto Parque Central Las Colonias ha abierto un frente de conflicto legal y social en Lanús que parece lejos de resolverse. La Escuela de Educación Secundaria Técnica (EEST) N.º 5 “John F. Kennedy” se encuentra hoy en el epicentro de una disputa donde la seguridad de los menores y el patrimonio de la escuela pública se enfrentan a un plan de obras municipales que la comunidad califica como un “despojo encubierto”.
Investigación de campo: El respaldo de los hechos
El equipo de Somos Intensos ha seguido de cerca este conflicto, manteniendo múltiples reuniones con padres, exalumnos y docentes que conforman la comunidad educativa. En estos encuentros, hemos accedido a material documental y audiovisual de alto valor que respalda cada paso de su reclamo: desde copias de la Ley Nacional 23.818 hasta registros de video que demuestran la vulnerabilidad del predio. Esta investigación confirma que no se trata de una resistencia caprichosa, sino de una defensa fundamentada frente a la pérdida de soberanía pedagógica.
El sustento legal: De la Ley Nacional al convenio local
La controversia no es solo estética, es jurídica. La ocupación de los terrenos por parte de la escuela no es precaria: está respaldada por la Ley Nacional 23.818 de 1990, que afectó específicamente estas parcelas para el uso y ampliación de la institución técnica. Durante más de tres décadas, la comunidad educativa invirtió recursos en el saneamiento y la construcción de infraestructura deportiva, protegida por muros de 4 metros de altura para garantizar un entorno de aprendizaje seguro.
Sin embargo, el Convenio de Colaboración firmado en mayo de 2024 entre el Intendente Julián Álvarez y el entonces titular de la DGCyE, Alberto Sileoni, introdujo una ambigüedad técnica que hoy permite al municipio licitar obras sobre terrenos que el Estado Nacional ya había asignado a la educación.
Cronología del conflicto: Tres décadas de derechos vs. dos años de gestión
La escalada de tensión se sintetiza en una hoja de ruta marcada por la falta de consenso:
- Septiembre 1990: Sanción de la Ley 23.818. Los terrenos se destinan formalmente a la EEST N.º 5.
- Mayo 2024: Firma del convenio de “puesta en valor” de terrenos que el municipio erróneamente cataloga como “baldíos”.
- Junio 2024: Masiva movilización. Se denuncia que el proyecto municipal recorta 5.000 m² de área pedagógica.
- Febrero 2025: Inauguración del “Sendero Seguro”.
- Junio 2025: Somos Intensos pudo constatar, a través de notificaciones oficiales y videos de seguridad, la ocurrencia de robos y “entraderas” facilitadas por la apertura del predio.
- Diciembre 2025: Licitación para derribar los muros de 4 metros y reemplazarlos por rejas de 2 metros, eliminando la barrera de protección entre los alumnos y el tránsito público.
El dilema de la seguridad: El fracaso del “Sendero Seguro”
El análisis de los documentos a los que accedió este medio revela una contradicción alarmante. Mientras el municipio publicita “senderos seguros”, la evidencia fáctica demuestra que la intervención ha convertido a la escuela en un blanco vulnerable.
La pretensión de colocar bancos de plaza y senderos de circulación masiva a escasos metros de las aulas no solo vulnera la privacidad, sino que ignora los protocolos básicos de seguridad educativa. La pregunta es taxativa: ¿Quién se hará responsable si la exposición de los menores deriva en un incidente mayor?
Un silencio administrativo con costo político
La actual Directora General de Cultura y Educación, Flavia Terigi, enfrenta un reclamo que ya no admite dilaciones. Tras los pedidos de audiencia del 9 y 29 de enero de 2026, la respuesta provincial se ha limitado a derivar la responsabilidad al Municipio de Lanús.
Defender la Escuela Kennedy hoy es denunciar un modelo de gestión que, bajo la excusa del progreso urbanístico, erosiona la escuela pública. El material obtenido por Somos Intensos es claro: el espacio público no puede construirse a expensas de la seguridad de nuestros estudiantes.
