Por Fernando Cabrera, Presidente de la Fundación Argentina Segura
La situación de la seguridad en Lanús es crítica. Cada día, los vecinos de esta ciudad se enfrentan a ataques en la vía pública, robos violentos y una sensación de vulnerabilidad creciente. Este contexto evidencia, lamentablemente, la falta de un plan integral de seguridad tanto a nivel provincial como municipal. Lo que vemos son soluciones momentáneas, intentos de “tapar agujeros” que no abordan las raíces profundas de esta crisis.
El reciente ataque a un miembro de la fuerza municipal en plena vía pública es un claro llamado de atención. Desde la Fundación Argentina Segura, venimos alertando sobre las condiciones en que se coloca a nuestro personal de seguridad. Exponer a civiles desarmados, sin el entrenamiento adecuado y sin herramientas básicas de protección, es condenarlos a enfrentar un doble riesgo: el de ser víctimas y el de no poder responder. Esta situación no es solo un descuido, sino una muestra de la falta de estrategias responsables que realmente protejan a quienes cuidan de la ciudadanía.
Hoy en día, los patrulleros de seguridad ciudadana circulan sin blindaje, y el personal a bordo carece de capacitación en resolución de conflictos, así como de herramientas disuasivas como gas pimienta, tonfas o pistolas Taser. Estos elementos son esenciales para proteger tanto a los trabajadores de la seguridad como a los vecinos. No es exagerado decir que el personal de seguridad en Lanús está expuesto y desprotegido. Y esta vulnerabilidad solo se agrava frente a la desatención de las autoridades provinciales y locales.
Es urgente que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Intendente de Lanús, junto con la cúpula de la Secretaría de Seguridad, asuman su responsabilidad en la protección de quienes tienen la tarea de velar por la seguridad de todos. El reciente caso de una empleada de seguridad atacada en plena vía pública refleja claramente la falta de medidas efectivas y la necesidad de una intervención inmediata. Exigimos informes detallados sobre la capacitación de estos trabajadores, los recursos que se les brindan y el plan de seguridad que debería implementarse para mitigar estos riesgos.
La seguridad es un derecho fundamental, y en Lanús no se va a negociar. La ciudadanía merece un compromiso real, no solo palabras.
